Estadísticas regionales clave sobre el ODS 16
• La tasa de homicidios es de 22,1 personas por cada 100.000 habitantes, la tasa de asaltos es de 229,5 por cada 100.000 habitantes y la tasa de violencia sexual es de 60,6 por cada 100.000 habitantes en la región.
• Un total de 2.559 mujeres fueron víctimas de feminicidio o femicidio en 2017 en 19 países de la región.
• Un promedio del 29,8% de los representantes en los órganos legislativos en América Latina y el Caribe fueron mujeres, el porcentaje más alto a nivel mundial en mayo de 2018. El promedio de las tasas de participación femenina en los máximos tribunales de justicia de América Latina alcanzó un 29,2% en 2017.
• En la mayoría de los países de América Latina y el Caribe (20), el porcentaje de alcaldesas electas se sitúa por debajo del 15% y el promedio latinoamericano llega solo al 14,6% en 2017.
• De los jóvenes consultados en el Foro Juventudes de América Latina y el Caribe 2030 (celebrado en el marco de la Tercera Reunión del Foro de los Países de América Latina y el Caribe sobre el Desarrollo Sostenible), el 65% considera que su derecho de acceso a la justicia se vio limitado por alguna situación, el 56% se considera víctima de impunidad en el sistema de justicia de su país, el 74% presenció actos de corrupción en su entorno cercano, el 95% considera que existe impunidad frente a actos de corrupción y el 100% considera que la corrupción es un problema latente que limita el desarrollo. Un 65% de los jóvenes consultados no considera que los actuales mecanismos de participación ciudadana sean inclusivos y representativos y el 81% no considera que los jóvenes estén representados en el proceso de toma de decisiones.
• 1 país ha ratificado y 16 países han firmado el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe (Acuerdo de Escazú).
• En el Caribe, tanto las principales víctimas como los principales autores de delitos son jóvenes. El 80% de los delitos que son objeto de proceso son cometidos por personas de entre 17 y 29 años, mientras que muchas víctimas de delitos violentos pertenecen al mismo grupo de edad. Tanto las víctimas como los perpetradores tienen más probabilidades de pertenecer a grupos socioeconómicos más bajos.
• Entre los países del Caribe, ninguno cuenta con legislación que prohíba totalmente el castigo corporal de niños, niñas y adolescentes.

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